Artículo para el Diario de Teruel, 5 de noviembre de 2023
La presentación del Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, así como la posterior celebración de una Asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, han sido materia informativa en los últimos días, y he considerado oportuno compartir algunas reflexiones.
En primer lugar, me parece necesario destacar que el Informe del Defensor del Pueblo, aun con sus límites, ofrece no pocos aspectos positivos: ha supuesto un proceso de escucha a 487 víctimas, arrojando luz sobre los devastadores efectos de los abusos sexuales, que tienen su origen en procesos de abuso de conciencia; denuncia algunas prácticas inaceptables dentro de la Iglesia, sin dejar de reconocer avances en la legislación canónica y en la forma de abordar dichos abusos; enmarca este doloroso problema en el amplio contexto del abuso sexual a menores en nuestra sociedad, proponiendo iniciativas a la Iglesia y a las administraciones públicas para prevenir y reparar los daños causados. Es un estudio que, en su conjunto, merece ser considerado atentamente.
A la vista de este Informe, los obispos reunidos en Asamblea Plenaria, junto con los responsables de la Confederación de Religiosos y Religiosas, manifestamos de nuevo nuestro dolor por el daño causado por algunos miembros de nuestra Iglesia y pedimos perdón sinceramente. Muchos de nosotros hemos escuchado el testimonio de víctimas y su sufrimiento nos ha permitido comprender mejor la magnitud del daño que produce el abuso, particularmente cuando el agresor está vinculado a la Iglesia, y nos ha hecho caer en la cuenta de la importancia de escucharlas, darles credibilidad y apoyarlas decididamente, para que puedan sanar sus heridas. En este sentido, en la Asamblea de la Conferencia Episcopal decidimos encomendar a su servicio de Protección de Menores una propuesta para aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
La necesidad de escuchar, dar credibilidad y apoyar a las personas que nos confían el dolor de haber sufrido un abuso no supone un atropello de los sacerdotes acusados, en su derecho a la presunción de inocencia. Es fundamental entender que, en estos casos, nuestra actitud no ha de ser juzgar, absolver o condenar, sino escuchar, acoger y respaldar. Determinar la responsabilidad de los denunciados corresponde a los órganos y procedimientos jurídicos que se siguen, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Además, me parece justo aclarar que esta no debe ser una batalla contra los sacerdotes en su conjunto, ya que en la Iglesia, al igual que en las familias y otras instituciones, hay quienes cometen abusos y quienes buscan la verdad, la justicia y el bien de las víctimas.
En cuanto al número de abusos sexuales en el ámbito eclesial, algunos medios de comunicación han extrapolado los datos del estudio demoscópico contenido en el Informe del Defensor del Pueblo, publicando la cifra de 440.000 víctimas. Este dato no aparece en dicho Informe. No quisiera entrar en una guerra de cifras, porque nos alejaría del respeto que merecen las víctimas, quienes nunca deberían ser utilizadas como munición para nuestras luchas políticas y sociales. Solamente recuerdo que el propio Defensor del Pueblo afirmó: «Creemos que no hay que extrapolar (…) Es más, estoy diciendo que les animo a que no lo hagan». Independientemente del número de víctimas, cada una de ellas supone un drama por el que pedimos perdón y ofrecemos nuestra colaboración y compromiso para reparar y prevenir estos hechos en el futuro.
Por lo que respecta a nuestra diócesis de Teruel y Albarracín, el Informe del Defensor del Pueblo recoge tres casos. El más antiguo se refiere a un sacerdote condenado en 1962 por tribunales eclesiásticos. Los otros dos datan de 1968 y 1967, fueron presentados por medio del diario “El País” y no han podido ser investigados, porque uno de los denunciantes no ha respondido a las comunicaciones de la diócesis para esclarecer su denuncia y, en el otro caso, el mencionado periódico no ha contestado por el momento a la carta que este obispado le dirigió, a fin de recabar la necesaria información. Cabe señalar que en la base de datos de dicho diario, publicada en internet, no se informa de los intentos de esta diócesis para investigar ambas denuncias.
En conclusión, hago una llamada a la responsabilidad de las personas, de las familias, de las comunidades cristianas, de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto. Aunque el citado estudio demoscópico pueda tener errores, los datos que ofrece deben ser considerados atentamente: el 11,7 % de las personas encuestadas afirman haber sido abusadas antes de los 18 años: el 34,1 % en el ámbito familiar, el 17,7 % en la vía pública, el 9,6 % en un ámbito educativo no religioso, el 9,5 % en un ámbito social no familiar, el 7,5 % en el ámbito laboral, el 7,3 % a través de internet, el 5,9 % en el ámbito educativo religioso, el 4,6 % en el ámbito religioso, el 4 % en el ámbito del ocio, el 3 % en el ámbito deportivo y el 2,6 % en el ámbito sanitario. El dolor de tantas víctimas exige que no miremos hacia otro lado y pongamos nuestro punto de mira en este problema, con el fin de reparar los daños causados y evitarlos en el futuro.
Finalmente, expreso mi agradecimiento a todas las personas que trabajan incansablemente en el apoyo de las víctimas y en la prevención de los abusos sexuales. Reconozco, en particular, la labor de “Repara-Diócesis de Teruel”, el Servicio Diocesano para la atención de las víctimas y la prevención de abusos sexuales, y del proyecto “Repara” en Madrid, que nos asesora constantemente. Y, sobre todo, agradezco a las víctimas su valentía y su coraje, en medio de tantas dificultades e incomprensiones. Con su lucha no solo están sanando sus heridas, sino que también están construyendo una sociedad y una Iglesia más seguras y saludables para todos.
